Según las leyes nacionales, la Creg tiene la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible

 

La semana pasada se conoció que el presidente Gustavo Petro intervendría a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) después de las ‘sorpresivas’ alzas que tuvieron algunos servicios públicos según el último informe del IPC revelado por el Dane (tuvieron un aumento de 25,9% anual hasta agosto).

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, comentó al respecto el mandatario. Sobre lo que se espera que sean las medidas que tome el presidente Gustavo Petro frente a la Creg aún no hay una decisión fija. Pero analistas dicen que una de las acciones puede dirigirse por la forma en la que se establecen los precios.

Si bien la tarifa es regulada por la comisión y esta define qué y cómo es lo que se puede cobrar por cada uno de los rubros para la prestación del servicio, esta no dice a qué se ata dicho aumento, como sí se hace en otros casos. “Esto es lo que vemos en contratos de cualquier otro negocio. Cuando uno toma un inmueble por cuatro o cinco años se fija el monto de lo que será el pago por el arriendo, pero también se pacta cada cuánto se hará un aumento a la tarifa y de qué dependerá este aumento, que en estos casos casi siempre es al IPC”, dijo Alejandro Lucio, director Optima Consultores.

En el caso de la Creg, que ya tiene estipulado y posee poder sobre las formas y las tarifas en las que se actualizan los precios -según las fórmulas establecidas-, esta es libre de accionar el indexado a la cifra o índice que desee.

Si bien en el ejemplo se pone conforme al IPC, como casi todos los contratos a más de un año entre naturales, la Creg suele utilizar el Índice de Precios al Productor (IPP) -que llegó a 20% en el último mes- para la actualización de los rubros de sus tarifas, y “este es un indicador que está alza y se encuentra por las nubes”, según Lucio.

Por otro lado, también es posible que la intervención vaya más por el lado del cambio o forma de elección de los seis expertos que conforman su ‘Junta Directiva’. Pues si bien el Gobierno cuenta con tres de los nueve miembros totales (Min Hacienda, Minas y director del DNP), dichos expertos son nombrados también por el ejecutivo pero al ser periodos de cuatro años, casi siempre al Gobierno actual le toca ‘lidiar’ con los nombrados por la Administración anterior.

Este es el caso actual. A menos de un mes para que se acabara su mandato, el expresidente Iván Duque nombró a la mitad de dichos expertos para que cumplieran con su cuatrienio casi a la par con el del presidente Petro.

Panorama parecido al vivido con Ecopetrol, empresa en la que también se actualizaron los estatutos meses antes del cambio de Gobierno y con lo que se le amplió el periodo a los miembros de la Junta Directiva de manera que la cumplieran en el mismo tiempo que el Presidente entrante.

Lo que dicen los expertos
Al respecto, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Juan Manuel Santos, afirmó que fueron sucesos desafortunados con la administración Petro. Allí, si bien condenó el tono en el que el mandatario afirmó que no lo “reten” en el tema de la empresa estatal, también rescató que “es una reacción esperada cuando se tiene en cuenta que fue un accionar sin buena fe del Gobierno Duque”

Alejandro Lucio sentenció que aunque la afirmación del Presidente de intervenir la Creg “es buena para la tribuna y suena bien”, aún toca esperar la decisión final. Pues si bien es cierto que “hay un montón de cosas por revisar, toca ver si la decisión del mandatario se encamina por las vías en la que se fijan las tarifas o por quiénes son los que reglamentan dichos estatutos”.

Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda, concordó con que la energía está “carísima”, pero esto, dijo, no es razón para que el Gobierno anuncie reformas a la Creg que puedan llegar a “tirársela”.

“En el país sí se puede bajar las tarifas al usuario sin tener que reformar la Creg y para eso se deben atacar tres problemas fundamentales: el aumento del IPP, ‘echarse al hombro’ el problema de conectividad en la costa, que nos cuesta mucho, y el de las restricciones”.

De esta manera, según el ex ministro, el Gobierno podría solucionar este problema y salir victorioso en varios puntos aledaños pues terminará con buena gobernabilidad, la Creg tendrá continuidad y los consumidores gozarán de precios más bajos.

Vale aclarar que por constitución, (Ley 142 de servicios públicos), el presidente tiene a cargo las tarifas de energía eléctrica y gas, las cuales delega en la Creg, cuyos miembros, con tinte de independientes, se eligen por el ejecutivo.

Asimismo, la Creg tiene la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando la competencia no sea posible. En los demás casos, se afirma en el portal, también debe promover la competencia entre quienes presten servicios públicos “para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes y no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad”.

Tal como se dijo en LR la semana pasada, el tema de la fijación de precios es relativamente sencillo. A lo ya dicho entonces por José Camilo Manzur, director de Asocodis, Lucio agregó que la forma en la que se fijan las tarifas “remunera todo el sistema desde dónde se genera la energía o el gas, hasta el lugar en el que se consume”.

Expertos de la Creg

Actualmente, la junta está compuesta por los expertos comisionados Jorge Valencia, en el cargo de director; José Fernando Prada, Luis Julián Zuluaga, Sara Vélez, Natasha Avendaño y Andrés Barreto.

Estos últimos tres, nombrados a finales de julio por el entonces presidente Iván Duque. Tanto Avendaño como Barreto, dejaron sus cargos en las superintendencias de Servicios Públicos e Industria y Comercio, respectivamente, para sumarse a la comisión.

Sobre el grupo de personas, Echeverry agregó que estos, tal como los miembros de la Junta del Banco de la República, son expertos “que dedican su experticie 24 horas al día durante toda la semana” a tomar las mejores medidas para el secto.

“Intervenir en ello sería un craso error pues, de facto, se está desestimando la opinión de los que más saben del tema y a quienes le debemos un país sin apagones en los últimos 30 años”, dijo el ex ministro en Caracol Radio.

JUAN PABLO VARGAS CUELLAR – Larepublica.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment