El alto tribunal aclaró el alcance de la medida cautelar que suspende la actividad de extracción en Colombia. Los estudios contratados por el Gobierno se podrán seguir realizando.

 

El Gobierno podrá respirar tranquilo por cuenta de una aclaración que le acaba de llegar desde el Consejo de Estado. El alto tribunal informó a través de un comunicado que la medida cautelar que suspende el fracking no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), los cuales contrató el Gobierno Nacional con el objetivo de que ofreciera un concepto técnico acerca de la viabilidad de este método de extracción en el país.

 

Los pilotos en mención están contenidos en el “Informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas de posibles despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal”.

 

La claridad es clave porque en este punto radica la insistencia que hizo el Ministerio de Minas al alto tribunal. Según el panel de expertos del Gobierno, es necesario conseguir información de base sobre el impacto de la actividad en las zonas donde se va a desarrollar la actividad. De modo que los PPII tienen como objetivo recoger información sobre acuíferos, sismicidad, medio ambiente e impactos en grupos sociales de las zonas donde se podrían desarrollar proyectos no convencionales de explotación de hidrocarburos.

 

La posibilidad de hacer los PPII no significa que el fracking haya quedado autorizado, sino hay una forma para que el gobierno, la industria petrolera, los representantes sociales e inclusive los expertos ambientalistas y los que se oponen al fracking obtengan información. El fin de estos pilotos es tener los datos suficientes para tomar una decisión informada de permitir o negar el fracking en Colombia.

 

La aclaración se hace por solicitud de Ecopetrol, que pedía sustituir la medida cautelar, asunto que le fue negado. De este modo se confirma la suspensión provisional de los efectos del decreto 3004 del 26 de diciembre del 2013 por el cual “se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

 

Así las cosas, queda prohibida toda actividad relacionada con fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, sin incluir los pilotos que quiere realizar el Gobierno. Entre tanto, el Consejo de Estado seguirá estudiando y debatiendo el marco jurídico que regularía el uso de esta técnica en el país en las audiencias públicas de pruebas que se vienen adelantando dentro de la demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte contra el Ministerio de Minas y Energía.

 

Desde diferentes sectores gubernamentales se ha insistido en que es necesario adelantar los proyectos piloto con el propósito de superar los apasionamientos y comenzar a dialogar desde la rigurosidad técnica.

 

“A las comunidades les preocupa mucho el tema del agua, pero lo cierto es que nosotros no vamos a competir con el agua potable de la población, vamos a utilizar aguas de producción, de las refinerías o de los alcantarillados”, dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

 

Desde el Gobierno se ha expresado la preocupación porque -según él- Colombia solo tenía reservas de gas para alrededor de 10 años y todavía existen más de 1.500.000 personas cocinando con leña y carbón.

 

Fuente: www.semana.com

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